La legislación se enfrentó a obstáculos tanto en la Eurocámara, por la oposición del Partido Popular Europeo, como en el Consejo -institución en la que están representados los gobiernos de los Veintisiete-, por un súbito cambio de posición de Hungría.
La entrada en vigor de la norma supone un «nuevo avance en el esfuerzo por revertir el deterioro de la naturaleza, lograr la neutralidad climática y reforzar la preparación y la resiliencia de Europa frente a los efectos del cambio climático», indicó en un comunicado la Comisión Europea.
La meta de la legislación, originalmente propuesta en junio de 2022, es restaurar al menos el 20 % de los ecosistemas degradados en 2030 y todos ellos para mitad de siglo, incluidas las tierras de cultivo.
Entre otros puntos, el reglamento establece obligaciones para corregir la disminución de polinizadores, recuperar el 30 % de las turberas vaciadas para uso agrícola, no reducir espacios verdes urbanos o eliminar barreras artificiales en los ríos de la UE, donde el 81 % de los hábitats se encuentra en mal estado. (+)
