Las multas de la vergüenza

Hace tiempo que perdimos la fe. Hace mucho que se extendió, entre los conductores, la idea de que tanto semáforo con foto rojo y tanto radar no respondía a estrategia alguna de seguridad vial sino a la de la pura y dura recaudación. Es obvio que hay municipios que han convertido sus calles y carreteras en un avispero sin otro objeto que el de brear a picotazos el bolsillo de los automovilistas. La inmensa mayoría paga religiosamente las multas con que son aspados como una suerte de impuesto revolucionario por la osadía de circular. 

Pero lo que antes era sospecha ahora es convicción; lo es desde que una legión de agentes de la UDEF desatara la llamada “operación enredadera”. Su intervención en decenas de Ayuntamientos de Madrid, Cataluña, Asturias y Castilla y León, donde practicaron numerosas detenciones, destapó algo más que una red corrupta en la que estaban implicados policías municipales, concejales y empresarios.

Destapó también el inmenso negocio que hay detrás de la implantación masiva de esos dispositivos electrónicos que convierte la conducción en una práctica de riesgo en términos económicos y no solo físicos. Es decir que con la excusa de una mejora en la seguridad vial, que posiblemente apenas les importa, se incentivaba la compraventa y puesta en funcionamiento de unos artilugios destinados a cazar a los conductores. Aparatos que eran instalados en tramos cuyo trazado invitaba a rebasar unos límites de velocidad deliberadamente bajos. (Ver más >)

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