Las denuncias afectan a un abanico de anomalías. En primer lugar, a las prácticas comerciales irregulares, entre las que los cambios de compañía sin permiso empiezan a generar condenas en la vía penal. Pero también a los desbarajustes en la documentación, que a menudo derivan en elevadas facturas para los hogares y las pymes; así como a las dificultades para el acceso a las tarifas más baratas, según indican varios informes de la CNMC.
"El procedimiento para regularizar las lecturas estimadas cuando se produce una nueva real está reglado. La responsabilidad de la lectura estimada es de la distribuidora, y en consecuencia de la comercializadora, y están obligadas a cumplir unas normas", explica Enrique García, portavoz de Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). (+)
