Entre las propuestas de la ministra Cospedal a raíz de los últimos sucesos está la lucha contra el anonimato en redes sociales, algo que ha generado muchas críticas y de lo que hablaban varios expertos como el abogado Carlos Sánchez Almeida, del Bufete Almeida, Abogados Asociados. En un reciente hilo explicaba cómo "El ciudadano tiene derecho a ser anónimo. Y el Estado, a través del Poder Judicial, puede levantar ese anonimato en caso de delito".
Para Almeida prohibir el anonimato sería "posiblemente inconstitucional", ya que entre otras cosas difundir un pensamiento anónimo es un derecho que es parte de la liberta de expresión que solo puede ser intervenida por el Poder Judicial.
"Una norma administrativa que estableciese la obligatoriedad de identificación en redes sociales afectaría a la libertad de expresión", añadía, indicando además que los límites a esa libertad de expresión deben proceder del Poder Judicial, y nunca del Ejecutivo.
Para este abogado el anonimato no impide perseguir delitos, ya que "jueces y Policía disponen de medios para identificar a ciberdelincuentes". Su conclusión era contundente: "no hay excusa para que el Gobierno limite la libertad de expresión". (Ver más >)
Los expertos avisan de que la campaña del PP contra el anonimato en redes es una amenaza sin recorrido.
Tres claves para que la nueva ley anticorrupción no se convierta en "una encerrona" para denunciantes.La Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes entra en la recta final de su tramitación y podría llegar al Pleno a finales de enero: el anonimato, que no proteja solo a funcionarios y la independencia del regulador, aspectos sin los que el texto podría dejar en nada la capacidad de las instituciones para defenderse de los corruptos
Para Almeida prohibir el anonimato sería "posiblemente inconstitucional", ya que entre otras cosas difundir un pensamiento anónimo es un derecho que es parte de la liberta de expresión que solo puede ser intervenida por el Poder Judicial.
"Una norma administrativa que estableciese la obligatoriedad de identificación en redes sociales afectaría a la libertad de expresión", añadía, indicando además que los límites a esa libertad de expresión deben proceder del Poder Judicial, y nunca del Ejecutivo.
Para este abogado el anonimato no impide perseguir delitos, ya que "jueces y Policía disponen de medios para identificar a ciberdelincuentes". Su conclusión era contundente: "no hay excusa para que el Gobierno limite la libertad de expresión". (Ver más >)
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