Tras varias reuniones en la Consejería de Sanidad y ante la intimidación -explícita en algún caso- de los miembros de la Administración autonómica, la empresa renunció a su oferta.
Después, los responsables de la Sanidad pública madrileña alcanzaron un pacto para dar forma legal a su maniobra y otorgaron el contrato tres semanas más tarde a una filial de Ferrovial, con una oferta cinco millones de euros más cara. (Ver más >)
