Esta directiva tiene como objetivo proteger al medio ambiente de los efectos adversos de las aguas residuales urbanas procedentes de los sectores doméstico e industrial. De esta manera, los municipios están obligados a poner en marcha las infraestructuras necesarias para recoger y tratar estas aguas residuales.
El Ejecutivo europeo ya envió una carta de emplazamiento a España en diciembre de 2016 y un dictamen motivado en febrero de 2020 en el que le pedía que cumpliera íntegramente la directiva sobre aguas residuales urbanas.
En el comunicado oficial, la CE ha valorado que España haya realizado progresos. Sin embargo, indica que aún debe "redoblar sus esfuerzos" para "garantizar que las aguas residuales recogidas reciban un tratamiento suficiente para alcanzar los niveles pertinentes en la materia".
Esto significa que hay aglomeraciones donde es necesario construir o mejorar la infraestructura, lo que puede requerir inversiones para levantar nuevas instalaciones físicas o mejorar las de tratamiento ya existentes.
Bruselas ha recordado que el Pacto Verde establece un objetivo de "contaminación cero" en la UE y de esta manera contribuir a la salud pública, el medio ambiente y la neutralidad climática, además de mejorar la resiliencia de Europa. Por esta razón, los Estados miembros deben adoptar esta medida directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. (+)
