La situación se ha vuelto casi insostenible en este municipio pacense de 5.300 habitantes: la guardería está cerrada, las cuatro residencias de mayores, desatendidas, y la Policía local se ha desmantelado.
"Se han comprado voluntades para asegurarse el voto y todo el mundo iba entrando y saliendo del Ayto., cotizando para el paro o para la pensión. A ese sistema se acostumbró la gente durante muchos años", advierte Manuel Gutiérrez, portavoz de IPAL, partido local en la oposición. Con todo lo expuesto, la Junta de Extremadura cree que aún no ha llegado el momento de un segundo caso Marbella, el único precedente de intervención del Estado en un ayuntamiento. Para la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, "los mecanismos de control presupuestario del Gobierno están activados por lo que se debe esperar a que esas medidas den resultado antes de ejercer una opción tan extraordinaria". (+)
