La ‘cláusula Montoro’ contra la remunicipalización de servicios públicos condena a los ayuntamientos a seguir pagando cientos de millones de euros en IVA cada año por las contratas privatizadas.
Las trabas a las remunicipalizaciones tienen tres efectos, o quizás objetivos, fundamentales;
Uno, económico, consiste en blindar el magro negocio de las empresas que gestionan esos servicios privatizados, ya que dificulta en algunos casos, e imposibilita en la mayoría de ellos, que los municipios recuperen su gestión directa incluso si finalizan los contratos.
Otro, de carácter político, le permite al Gobierno del PP torpedear una de las líneas programáticas fundamentales de su principal rival en el ámbito municipal, que son las listas de confluencia que hace dos años le desalojaron de los principales ayuntamientos del país con el apoyo del PSOE y apoyaron a los socialistas para que lo hicieran en otras.
Y el último, tributario, garantiza a las arcas estatales una importante vía de ingresos a costa de recortar la autonomía de los consistorios y de seguir lastrando sus cuentas con una medida que, de retruque, afecta también a los bolsillos de los ciudadanos, que son los que acaban pagando esos impuestos en sus recibos. (Ver más >)
Otro, de carácter político, le permite al Gobierno del PP torpedear una de las líneas programáticas fundamentales de su principal rival en el ámbito municipal, que son las listas de confluencia que hace dos años le desalojaron de los principales ayuntamientos del país con el apoyo del PSOE y apoyaron a los socialistas para que lo hicieran en otras.
Y el último, tributario, garantiza a las arcas estatales una importante vía de ingresos a costa de recortar la autonomía de los consistorios y de seguir lastrando sus cuentas con una medida que, de retruque, afecta también a los bolsillos de los ciudadanos, que son los que acaban pagando esos impuestos en sus recibos. (Ver más >)
