El Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el marco de la normativa estatal contra el acoso en las aulas, va a regular por primera vez los deberes de profesores y aun de alumnos que sean responsables de ocultar, no denunciar o hacerse cómplices del bullying.
Así, podrá ser trasladado a la Fiscalía el caso de un profesor que no reaccione activamente en cuanto detecte un episodio de acoso escolar, considerado en sentido amplio.
El decreto autonómico prevé además que pueda castigarse a un compañero del alumno acosado con medidas que van desde quedarse sin recreo hasta la expulsión del centro.
Se trata de un paso decidido y loable en el combate contra una lacra que, agravada por el uso de las tecnologías, y que preocupa cada vez más a los padres. (Ver más >)
