El anterior equipo de gobierno terminó denunciando a su propia interventora ante la Dirección General de la Función Pública por avalar por escrito unos pagos a ATM, S.L. -la empresa a la que el Partido Popular encargó en 2013 la gestión de los tributos locales-, cuando el contrato ya había finalizado y se había excedido el límite máximo fijado como contraprestación por esos servicios.
La tarifa de ATM era un 40% más cara que la empresa que realiza actualmente el mismo servicio.
El coste del servicio se excedió en más de 600.000€, según contrato.
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La tarifa de ATM era un 40% más cara que la empresa que realiza actualmente el mismo servicio.
El coste del servicio se excedió en más de 600.000€, según contrato.
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Unos informes que, según recoge ahora la resolución del Ministerio, suponen “una quiebra en el ejercicio de las funciones reservadas que la interventora tenía que haber realizado”.
El resultado es que el gobierno central le impone dos sanciones, de tres años de destitución cada una, por dos faltas muy graves:
1) Adoptar acuerdos manifiestamente ilegales, que han causado un perjuicio grave a la Administración.
2) Incumplir las funciones inherentes a su puesto de trabajo -la fiscalización del día a día del Ayuntamiento-.
“La destitución de interventores por motivos disciplinarios es muy poco frecuente”, según reconocen a la SER fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a pesar de que en toda España hay más de 8.000 municipios. En sus expedientes del último año solo aparece un caso más. La Cadena SER ha intentado sin éxito recoger la versión de la hasta ahora interventora municipal, a la que aún le queda una posibilidad de recurso ante la Administración y la vía judicial. (Oír audio >)
