Desde entonces la residencia, una infraestructura privada construida en terrenos municipales con cesión de derecho de superficie por parte del Ayuntamiento, ha visto cómo aumentaban su estado de abandono y los actos de vandalismo en su interior.
A pesar de los intentos de los gobiernos municipales en otras legislaturas, el posible uso de este espacio por parte de otra empresa ha seguido bloqueado. Ahora el nuevo ejecutivo del Partido Popular ha aprobado una declaración de intenciones y compromisos por parte del Ayuntamiento y de las propias empresas interesadas en su recuperación y explotación.
El gobierno liderado por Jesús Muñoz se compromete a tramitar y hacer los mayores esfuerzos para que se autorice la cesión del remate de derecho de superficie del acreedor hipotecario Caixabank a la nueva empresa, y resolver la cesión de este derecho a la Fundación AFAL. Cuando esté resuelto, se adjudicará el derecho de superficie en base a un pliego que deberá aprobarse en el Pleno al nuevo gestor del espacio, como máximo un año después.
Las empresas interesadas en explotar la residencia se han comprometido también con el Ayuntamiento a suscribir un acuerdo con Caixabank, solicitar la autorización a la administración local, adjudicarse el derecho de superficie en ejecución hipotecaria y solicitar la liberación de cargas posteriores a la hipoteca, y licitar una nueva adjudicación de la cesión de derecho de superficie sobre la finca. (+)
