Un mes después, los integrantes de la Plataforma reciben llamadas diarias de las familias en situación de vulnerabilidad con las que tienen contacto y de nuevas familias que piden ayuda: los apoyos prometidos siguen sin llegar a todos, las familias no se sienten bien atendidas por los servicios sociales municipales (bien porque les dan cita muy tarde o porque se pierden en el laberinto burocrático para pedir ayudas) y las ayudas no son inmediatas. Se ha iniciado el curso escolar y la Plataforma trata de dar respuesta a las necesidades de los más pequeños (material fungible, gel y mascarillas).
Se acerca el frío y en muchas viviendas/habitaciones no hay calefacción o si la hay, las familias no podrán hacer frente al gasto.
En Alcobendas aún hay familias que piden comida y necesitan cubrir el gasto de alquiler. Algunas no cumplen los requisitos del IMV o las ayudas para la vivienda y no tienen nada.
En Sanse, las familias ven cómo por primera vez tienen que adelantar el dinero del comedor escolar de sus hijos en espera de la beca ( debiendo entonces al casero) o directamente no se atreven a apuntar a sus hijos al comedor por el cambio de política de las becas (porque Servicios Sociales no garantiza el cobro de la ayuda a los colegios) o se plantean desapuntar a sus hijos de la escuela infantil para no tener que abonar los 100 euros de comedor que no se pueden permitir... Consideramos inadmisible estas situaciones que conocemos a pie de calle siete meses después del inicio del estado de alarma y reclamamos a los Ayuntamientos que hagan frente de una vez a esta emergencia social.
En nuestras reuniones con los Ayuntamientos, sus representantes nos han señalado repetidamente que las ayudas desplegadas eran suficientes y que no podían hacer más por la regla del techo de gasto. Por nuestros contactos, la ayuda prestada por los Ayuntamientos no es ni de lejos suficiente, los programas prometidos no se están poniendo en marcha. Además, el Gobierno central ha suspendido la regla del techo de gasto. La emergencia social está muy lejos de resolverse en nuestros municipios siete meses después. Los equipos de Gobierno de ambos Ayuntamientos pueden y deben poner en marcha planes integrales que garanticen a todos los vecinos y vecinas el derecho a una vida digna.