Desde los nuevos desarrollos urbanísticos del norte de la ciudad de Madrid se vierten al arroyo de Valdebebas grandes cantidades de residuos que van a parar al río Jarama. Se trata de materiales sólidos y aguas sin tratar que las depuradoras derivan en episodios de fuertes lluvias.
Algo parecido sucede desde Alcobendas y San Sebastián de los Reyes a través del arroyo de La Vega. Ambos cauces desaguan en el Jarama a la altura de Paracuellos del Jarama. La visión del cauce de estos arroyos es dantesco, millones de toallitas que cuelgan de los árboles a alturas de hasta 5 metros. Se da la circunstancia de que ambos cauces están incluidos en el Proyecto Arco Verde, cuyas obras visitó la consejera de Medio Ambiente el pasado 7 de noviembre.
Aunque resulta incompresible, los tramos afectados del Jarama forman parte de la Red Natura 2000 y del Parque Regional del Sureste. Aguas que se emplean además para el riego agrícola en numerosas parcelas del valle bajo del Jarama.
A pesar de que estos vertidos vulneran la Ley de Aguas y la Directiva Marco de Aguas o la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, ninguna administración competente (Confederación Hidrográfica del Tajo, Canal de Isabel II y Consejería de Medio Ambiente) interviene frente a estos hechos a pesar de las reiteradas denuncias interpuestas por organizaciones ecologistas. La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, encargada de la conservación de los espacios protegidos ni siquiera responde a las denuncias.
Las organizaciones ecologistas lo tienen claro, la solución consiste en construir los necesarios tanques de tormentas que retengan los vertidos en los episodios de lluvias torrenciales. Hay alternativas pero falta voluntad en las administraciones.
Las organizaciones ecologistas Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA) y Jarama Vivo exigen que se ponga fin a esta situación. Se van a presentar denuncias ante las administraciones implicadas en la conservación del territorio y el río, así como aquellas con competencias sobre el funcionamiento de las redes de saneamiento y la depuración, sin descartar la intervención ante la Fiscalía por delitos contra el medio ambiente o la inhibición frente a un grave problema sanitario. (+)