La Plataforma Ciudadana Sanse-Alcobendas considera inadmisible el abandono institucional que sufren las familias más golpeadas por la emergencia social

La Plataforma Ciudadana Sanse-Alcobendas, creada por vecinos y vecinas de ambas localidades para desarrollar iniciativas solidarias de apoyo a las familias más desfavorecidas y para reclamar a los Ayuntamientos planes integrales para hacer frente a la emergencia social, se muestra preocupada por el abandono institucional que sufren numerosos ciudadanos. 

 

Siete meses después del inicio de la pandemia, siguen sin ponerse en marcha medidas de protección social a la altura de la situación y algunas medidas anunciadas, como la despensa municipal en San Sebastián de los Reyes, aún no han visto la luz, o se cambia la política de ayudas ya existentes, como la beca comedor, que la hace más inaccesible a las familias al tener que adelantar el dinero. 

 

Mientras tanto, los voluntarios de la Plataforma reciben numerosas llamadas de familias en situación de vulnerabilidad que necesitan comida, ayuda para comprar bienes de primera necesidad, como material escolar o mascarillas, asesoramiento para tramitar el Ingreso Mínimo Vital y los bonos sociales para suministros básicos como la calefacción... Señalan que los servicios sociales dan cita muy tarde o apenas prestan la ayuda que precisan.  

El pasado 6 de septiembre fue el último día que la Plataforma Ciudadana Sanse-Alcobendas realizó su reparto solidario de comida, que venía organizando con regularidad desde el inicio de la pandemia. Para entonces, confiaba esta Plataforma, los Ayuntamientos habrían puesto en marcha medidas para atender las necesidades básicas de muchos vecinos y vecinas. Además, las personas integrantes de la Plataforma no contaban con más capacidad para organizar repartos solidarios: con septiembre llegaba la incorporación al curso y la rutina laboral de nuestras personas voluntarias, se había constatado el agotamiento del donante (pese a que, con su solidaridad, vecinos y vecinas han estado a la altura de la situación) y siempre había quedado claro que es el papel de las administraciones garantizar el derecho de todos los vecinos a una vida digna.

Un mes después, los integrantes de la Plataforma reciben llamadas diarias de las familias en situación de vulnerabilidad con las que tienen contacto y de nuevas familias que piden ayuda: los apoyos prometidos siguen sin llegar a todos, las familias no se sienten bien atendidas por los servicios sociales municipales (bien porque les dan cita muy tarde o porque se pierden en el laberinto burocrático para pedir ayudas) y las ayudas no son inmediatas. Se ha iniciado el curso escolar y la Plataforma trata de dar respuesta a las necesidades de los más pequeños (material fungible, gel y mascarillas).

Se acerca el frío y en muchas viviendas/habitaciones no hay calefacción o si la hay, las familias no podrán hacer frente al gasto.

En Alcobendas aún hay familias que piden comida y necesitan cubrir el gasto de alquiler. Algunas no cumplen los requisitos del IMV o las ayudas para la vivienda y no tienen nada.

En Sanse, las familias ven cómo por primera vez tienen que adelantar el dinero del comedor escolar de sus hijos en espera de la beca ( debiendo entonces al casero) o directamente no se atreven a apuntar a sus hijos al comedor por el cambio de política de las becas (porque Servicios Sociales no garantiza el cobro de la ayuda a los colegios) o se plantean desapuntar a sus hijos de la escuela infantil para no tener que abonar los 100 euros de comedor que no se pueden permitir... Consideramos inadmisible estas situaciones que conocemos a pie de calle siete meses después del inicio del estado de alarma y reclamamos a los Ayuntamientos que hagan frente de una vez a esta emergencia social.

En nuestras reuniones con los Ayuntamientos, sus representantes nos han señalado repetidamente que las ayudas desplegadas eran suficientes y que no podían hacer más por la regla del techo de gasto. Por nuestros contactos, la ayuda prestada por los Ayuntamientos no es ni de lejos suficiente, los programas prometidos no se están poniendo en marcha. Además, el Gobierno central ha suspendido la regla del techo de gasto. La emergencia social está muy lejos de resolverse en nuestros municipios siete meses después. Los equipos de Gobierno de ambos Ayuntamientos pueden y deben poner en marcha planes integrales que garanticen a todos los vecinos y vecinas el derecho a una vida digna.