El ayuntamiento, la administración pública más cercana al ciudadano, asume numerosos gastos para dar servicios a sus vecinos, algunos incluso asumidos aunque no forman parte de sus competencias, y que pasan de la recogida de basuras, al transporte de viajeros o servicios sociales al suministro de agua y alumbrado, que financia fundamentalmente a través de impuestos y tasas y de las transferencias que hace periódicamente el Estado para sustentar parte de estos servicios. La gestión de los ayuntamientos en general ha mejorado en los últimos años, con muchos municipios a los que cuadran prácticamente las cuentas y la deuda financiera per cápita se sitúa en apenas 179 euros.
Sin embargo, no todos cumplen y algunos, como el de Vallada (Valencia), con apenas 3.000 habitantes y el de Navajas (Castellón), de apenas 712, deben a los bancos 34 millones de euros, lo que representa una deuda per cápita de más de 9.000€ en el caso del primero, y más de 8.200€ en el segundo. La información sobre cómo se financian, en qué gastan y lo que deben las más de 8.000 entidades locales la ofrece la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha puesto en marcha hace unos días una herramienta para conocer la realidad de estas administraciones. Junto a esos dos municipios hay otros cinco -Moraleja de Enmedio (Madrid), Los Barrios (Cádiz), Hinojosa del Valle (Badajoz), Cotillas (Albacete) y Os Blancos (Ourense)- cuyos vecino deben más de 5.000€ de media.
Pese a que los ayuntamientos han logrado cumplir mayoritariamente en los últimos años, gracias a las transferencias corrientes del Estado y al control, vía Plan de Estabilidad, de sus cuentas, una parte de sus ingresos corren peligro, a partir de las reclamaciones de los ciudadanos en los tribunales por sus tres principales impuestos -plusvalía, Bienes Inmuebles e Impuesto de Actividades Económicas (IAE)-.
Los ayuntamientos han logrado poner en orden sus cuentas -de forma mayoritaria- a partir de 2012, una fecha en la que, tras el rescate bancario, entró en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera, con el objetivo de controlar los desvaríos presupuestarios, a partir de la supervisión rigurosa de la deuda y el déficit. Esto también implica un control de los gastos incluso en momentos en los que los ingresos aumentan, para evitar el descontrol y el gasto excesivo. Ahora el problema será como podrán cubrir la pérdida de ingresos por los impuestos cuestionados por los jueces a partir de demandas ciudadanas en los tribunales. (+)
Pese a que los ayuntamientos han logrado cumplir mayoritariamente en los últimos años, gracias a las transferencias corrientes del Estado y al control, vía Plan de Estabilidad, de sus cuentas, una parte de sus ingresos corren peligro, a partir de las reclamaciones de los ciudadanos en los tribunales por sus tres principales impuestos -plusvalía, Bienes Inmuebles e Impuesto de Actividades Económicas (IAE)-.
En el caso de Paracuellos de Jarama vemos como en los últimos años se ha disparado el gasto de personal mientras que en Algete, con los mismos habitantes, este gasto se mantiene un 30% por debajo;
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