Según el instructor, Prada y los directivos investigados “corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos de CJM (...), menoscabando los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos”.
El juez deja claro que "no sustrajeron para su lucro personal el dinero de la Administración en perjuicio del patrimonio público" sino que, por los procedimientos de adjudicación utilizados, el funcionamiento de una entidad pública como fue el Campus de la Justicia "resultó deteriorado, dañado y menoscabado tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial, hasta el punto de haber sufrido perjuicios el erario público de cientos de millones de euros". (+)
Reprobada y Destituida la edil de Urbanismo por contratos ‘a dedo’
SOMOS solicita poner en marcha la Comisión de Vigilancia de la Contratación
