Las instituciones europeas llevan varios años reclamando al país que mejore los mecanismos de vigilancia sobre la contratación de las administraciones. Y a pesar de aprobar el pasado noviembre una nueva ley de contratos del sector público con la transposición de directivas europeas, las advertencias continúan.
La ley que ha entrado en vigor este mes de marzo pretende poner coto a prácticas que facilitan la corrupción con la eliminación de procedimientos negociados por precio, el incremento de la transparencia o la creación de un organismo para la vigilancia. Pero la reforma de la anterior norma para adaptarse a la Unión Europea tiene lagunas más que preocupantes que se disparan con las confesiones e investigaciones abiertas con los casos Gürtel y Taula. (Ver más >)
La ley que ha entrado en vigor este mes de marzo pretende poner coto a prácticas que facilitan la corrupción con la eliminación de procedimientos negociados por precio, el incremento de la transparencia o la creación de un organismo para la vigilancia. Pero la reforma de la anterior norma para adaptarse a la Unión Europea tiene lagunas más que preocupantes que se disparan con las confesiones e investigaciones abiertas con los casos Gürtel y Taula. (Ver más >)
